¿Es posible un acuerdo humanitario?

La posibilidad de un acuerdo entre las guerrillas y el gobierno que permita la libertad de algunos secuestrados ha generado polémica en el país. Partiendo del Derecho Internacional Humanitario, este artículo explora la posibilidad y conveniencia de un intercambio de ese tipo.

El Acuerdo Humanitario para el intercambio de personas privadas de la libertad por cuenta del conflicto armado que padece Colombia sí es posible. Hay antecedentes que así lo demuestran:

* El Acuerdo de Remolinos del Caguán entre el gobierno de Ernesto Samper y las FARC gracias al que se obtuvo en 1997 la liberación de 60 soldados y 10 infantes de marina.

* Los acuerdos entre el gobierno de Andrés Pastrana y el ELN mediante los cuales recuperaron su libertad los secuestrados de La María, el avión de Avianca, el kilómetro 18 y dos policías enfermos.

* La liberación -en la Navidad de 2006- de 29 policías, 10 soldados y 3 agentes del Das por parte del ELN.

* El Acuerdo de los Pozos en 2001 -entre el gobierno Pastrana y las FARC- que puso fin al cautiverio de 42 policías y soldados enfermos a cambio de 15 guerrilleros.

* La liberación -el 27 de junio de 2001- de 310 policías y soldados en La Macarena (Meta) y en Antioquia por parte de las Farc, en desarrollo de compromisos adquiridos en el Acuerdo de los Pozos.[1]

El intercambio no sólo es posible sino que también es un imperativo. Su urgencia es independiente de los avatares del conflicto y de la cercanía o no de procesos de negociación con los grupos guerrilleros, responsables del 50% de los secuestros. El carácter humanitario del intercambio hace de éste un fin en si mismo. Se trata de una forma complementaria de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos civiles de la población allí donde el conflicto armado impide la provisión cabalmente universal del bien público de la seguridad.

El Intercambio Humanitario y la Repolitización del Conflicto

La aplicación gradual del DIH y la concreción de un intercambio humanitario no sólo es un fin en sí mismo -aunque prioritariamente lo sea-. También es un instrumento para la construcción de una salida política negociada. La concreción del intercambio, así como de cualquier otra iniciativa del campo humanitario, amplía “la dimensión política de la mentalidad guerrillera y paramilitar y pueden acercar la hora de las negociaciones de paz.”

Algunos critican un eventual acuerdo con el argumento de que esto trae réditos políticos a la subversión. No se dan cuenta que mientras más restringido sea el carácter político de la guerrilla -y de los propios paramilitares- más criminal y degradada será la guerra en el país. Si la política desaparece totalmente de la guerra, las posibilidades de ponerle término con el menor daño posible también desaparecen.

Otros arguyen que liberar guerrilleros de las cárceles aviva su capacidad militar. La verdad es que el intercambio no aumentaría dicha capacidad militar en forma relevante por varias razones: i) de todos modos la tasa de reemplazo (reclutamiento) de los grupos irregulares es muy alta; ii) el número de guerrilleros liberados no sería muy grande;[7] y iii) estos podrían ser ubicados en el exterior.[8]

El intercambio sí es posible y necesario. Otra cosa es que esté a la vuelta de la esquina. No hay que llamarse a engaños ni hacerse falsas ilusiones. Falta mucho por recorrer porque las FARC son cada vez más torpes políticamente y demuestran -con sus actuaciones y declaraciones- su creciente desdén hacia las reglas de la guerra (jus in bello). También porque, a pesar de la popularidad en las encuestas, se ha visto mucho más la mano firme que el corazón grande.

¿Qué piensa el presidente de la Colombia de el acuerdo Humanitario?

Uribe rechaza acuerdo humanitario con las FARC

Bogotá, 6 dic (PL) El presidente Alvaro Uribe rechazó hoy de plano la posibilidad de un acuerdo humanitario para la liberación de retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En una inesperada arremetida contra esa vía hacia la paz, que respalda una parte considerable de la sociedad, el mandatario dijo que las FARC estarían tendiendo una nueva celada al gobierno.

Uribe hizo esas afirmaciones durante un consejo comunal en esta capital, al plantear que la guerrillera en complicidad con una dirigente política, están tramando una nueva liberación de retenidos, promoviendo un acuerdo humanitario.

El mandatario no mencionó por su nombre a la dirigente política, pero analistas coinciden que pudiera tratarse de la senadora liberal Piedad Córdoba, quien ha realizado una destacada gestión a favor del canje humanitario.

Uribe consideró esa posibilidad como un engaño y una infamia total y subrayó que su gobierno no acepta ningún tipo de intermediación de la dirigencia política.

Igualmente arremetió en muy duros términos contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Ese grupo insurgente es considerado el presunto autor de un ataque la víspera contra una patrulla de la policía en el departamento de Arauca, en el que murieron nueve uniformados.

Las duras declaraciones del presidente contrastan con la posición de un gran número de intelectuales y personalidades que llevan a cabo una especie de diálogo epistolar con las FARC.

En la más reciente de sus misivas, ese amplio grupo llamó a la guerrilla a abandonar la práctica de la retención y hacer propuestas concretas para abrir caminos hacia un acuerdo humanitario y la búsqueda de la paz.

Precisamente, esa carta, apoyada por unas 25 mil firmas, fue publicada en la página web de la senadora piedad Córdoba.

Colombia vive desde hace 50 años inmersa en un conflicto armado que enfrenta al Estado (y a su brazo paramilitar) con un movimiento insurgente que se presenta como alternativa al poder establecido. El conflicto colombiano fue abordado en la última Fiesta del PCE, celebrada en Madrid a mediados de septiembre, en un coloquio titulado “Intercambio humanitario en Colombia: ¿un camino de paz?” y en el que se debatió sobre la propuesta de intercambio de prisioneros.

El acto contó con la participación de Luz Elena Kerguelen (abogada de ANDAS, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria), Pablo Cruz (miembro del Comité Permanente de Derechos Humanos de Colombia) y Pedro Nolasco (ex presidente de Fensuagro y actualmente exiliado en Bruselas). Luz Elena Kerguelen comenzó su intervención señalando las causas de la situación de vulneración de los derechos humanos que hoy se vive en Colombia, dentro de lo que ella denominó una “estrategia deliberada de exterminio” puesta en marcha por el Gobierno para acabar con las organizaciones de oposición progresistas: “En Colombia existe una forma de propiedad de la tierra que genera unas relaciones sociales que se quieren mantener a costa del despojo que se hace de los campesinos. Esto ha ocurrido siempre y ahora se sigue dando con algunas modificaciones. Hay en el paisaje procesos de relatifundización ocasionados por el desplazamiento que se está dando. Se trata de una política de Estado para desestructurar el conjunto social y destruir focos de poder popular que existían en las diferentes comunidades de nuestro país. Igualmente, hay un factor político: el bipartidismo que en la década del 50 acordaron los partidos tradicionales para alternarse cada cuatro años en el poder. Esto excluyó del escenario político a muchas organizaciones demócratas, que fueron víctimas de las más implacable represión, y dio origen a los grupos armados que hoy se trata de combatir. El movimiento armado que hoy existe en Colombia tiene su origen en las grandes dificultades sociales, que no son resueltas”.

En relación al acuerdo humanitario, Kerguelen destacó su importancia “porque pondría fin a la dolorosa situación que están viviendo tanto los familiares de los retenidos por la guerrilla como los familiares de los presos guerrilleros y porque sería el inicio para empezar a dialogar y tratar de obtener las salidas negociadas que tanto está pidiendo el movimiento social”.

De rebeldes a delincuentes comunes

El siguiente en tomar la palabra fue Pablo Cruz, que repasó la estrategia de los diferentes gobiernos colombianos para negar la naturaleza insurgente de la guerrilla. Cruz distinguió tres fases en este sentido: “Inicialmente, el Gobierno reconoció, aunque fuese implícitamente, la naturaleza insurgente del grupo opositor alzado en armas contra el Estado, y los detenidos fueron reconocidos como delincuentes políticos y fueron condenados y procesados por el delito de rebelión. Sin embargo, el Gobierno encontró que era necesario comenzar a delincuenciar la acción insurgente del contrincante. Para eso, inventó una figura de tipo penal llamada asociación para delinquir. A partir de ahí, los insurgentes fueron calificados como delincuentes que eran rebeldes, pero que se asociaban para cometer delitos comunes. Se inició entonces un proceso por parte del Estado para hacer desaparecer por la vía jurídica la existencia de un conflicto social armado. Pero el Gobierno no se quedó simplemente en tratar de vincular a la guerrilla con la delincuencia común. El siguiente paso fue negar la existencia misma de la insurgencia, de una alternativa armada frente al poder establecido, y buscó agravar la conducta de los insurgentes adjuntando a la rebelión un conjunto de delitos comunes. Además de por ser rebelde y por estar en una asociación para delinquir, el Estado les empezó a sancionar por porte ilegal de armas o por tener un papel que oculta su identidad”.

El Gobierno pensó que, por la vía de la negación del carácter político de la guerrilla, el conflicto dejaba de existir. Nada más lejos de la realidad. Según explicó Cruz, “la guerrilla puso el escenario donde corresponde. A diferencia de lo que había hecho durante los 38 primeros años del conflicto, en los que jamás se planteó la posibilidad de mantener en su poder a los prisioneros del conflicto, empezó a retener a miembros de las fuerzas militares capturados en combate, políticos que representan y legitiman ese Estado, figuras relevantes de la vida nacional que forman parte del establecimiento y, frente a estos retenidos de naturaleza política, exige en igualdad de condiciones que se intercambien prisioneros de combate. El Gobierno inicialmente dijo que, desconociendo la existencia del conflicto, la Constitución y la ley no le permite hacer ese intercambio. Sin embargo, para nosotros, desde el punto de vista jurídico, no hay ninguna discusión, el intercambio es factible. Los convenios internacionales regulan la situación del intercambio de prisioneros no solamente para los conflictos internacionales, sino también para los conflictos de naturaleza interna y en Colombia tenemos un conflicto interno. Estimamos que un intercambio de prisioneros políticos de guerra podía ser un buen comienzo para buscar más adelante por la vía del diálogo una solución política de lo que es un conflicto político”.

Obstáculos para el intercambio humanitario

Finalmente, Pedro Nolasco cerró el coloquio con una intervención centrada en las dificultades a las que se enfrenta el intercambio humanitario. Nolasco señaló como obstáculos la negación del carácter político de la insurgencia armada por parte del Gobierno; la desconfianza que provoca en la guerrilla el exterminio de la oposición política a mediados de la década de los ochenta; el hecho de que el Gobierno ponga condiciones para negociar y además lo haga a través de los medios de comunicación; y la falta de una política gubernamental seria en la negociación con al insurgencia armada.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que la sociedad colombiana se movilice y presione a favor del intercambio humanitario para que éste se pueda llevar realmente a cabo. “Si no hay una presión muy fuerte de la sociedad colombiana -afirmó-, es muy difícil que el acuerdo humanitario se abra paso porque realmente no hay una voluntad del Estado colombiano para que eso se convierta en una práctica”. En cualquier caso, Nolasco dejó claro que el conflicto no acabará con la desmovilización de la guerrilla si no se resuelven también las causas que la hicieron surgir. “Cuando hablamos de la necesidad de salir del conflicto social, político y armado en Colombia, hay que tener en cuenta que ese conflicto tiene su origen en las desigualdades económicas, sociales, políticas. Por dolorosa que sea la guerra, no se puede creer que el conflicto se va a resolver si no hay voluntad de generar profundas reformas en el Estado colombiano”.

¿HAY QUIENES DEFIENDEN EL INTERCAMBIO HUMANITARIO?

PORSUPUESTO QUE SI HAY QUIEN DEFIENDA EL INTERCAMBIO HUMANITARIO AQUI UNOS PROPONENTES DEL MISMO:

Una Paz del tumbo al Tambo
Por la paz de la nación; defendamos el intercambio humanitario

La dirección nacional colegiada de la Red de Justicia Comunitaria hace un llamado a sus organizaciones socias, a los actores de paz de todo el país, a la comunidad internacional, a la iglesia católica y a la sociedad colombiana en general para que desde las múltiples voces (indígenas, afros, mujeres, campesinos, desplazados, familiares de secuestrados) defendamos el intercambio humanitario como comienzo de un proceso de paz que posibilite una solución política al conflicto armado que afecta al país desde ya hace varias décadas.

Ante los hechos acontecidos en las ultimas 24 horas: el atentado de ayer contra la Escuela Superior de Guerra que dejó más de 20 heridos, y las posteriores palabras de un tono guerrerista del Presidente de la Republica señor Álvaro Uribe Vélez, según las cuales la única salida a la crisis humanitaria de los secuestrados por la FARC-EP es el rescate militar, manifestamos que el intercambio humanitario y la paz no pude seguir siendo un tema que se trace por cada coyuntura, por el manejo de índices de popularidad y balance favorable de fuerzas políticas. Es precisamente porque estamos en guerra que la paz es un derecho de todos los colombianos y debe ser una responsabilidad de Estado y no de las coyunturas de los gobiernos.

Hechos como estos, los cuales repudiamos y rechazamos, no nos pueden sumergir en un espiral de declaraciones guerreristas que llevan a desechar los acercamientos ya realizados. La sociedad colombiana esta muy golpeada por la violencia en todas sus formas y manifestaciones, y es lamentable ver como el gobierno nacional genera un falso espacio de ilusión que se deja desplomar por otro acto de guerra.

Exigimos que la Presidencia de la Republica reflexione y entienda que la paz es un propósito nacional y prosiga con las gestiones para un intercambio humanitario. Es falso que el intercambio es un sofisma de la subversión tal como lo manifestó el presidente Uribe; el intercambio es una bandera de los familiares de secuestrados, de las organizaciones de victimas, de las organizaciones de la sociedad civil que luchamos por la paz, de millones y millones de colombianos y colombianas, es un clamor nacional al cual ni el gobierno ni la subversión pueden hacer oídos sordos. Clamamos para que los actores de la guerra le den un espacio a la paz.

Hacemos votos por un intercambio humanitario necesario para Colombia, para el futuro de la Nación y llamamos a defenderlo con todas nuestras energías.Hoy más que nunca debemos gritar ya basta de amenazas de intensificar la guerra, de rescates a sangre y fuego y atentados, ya basta de este desangre de la nación. Hoy necesitamos cordura, cabeza fría y enfocar todas nuestras energías para la consolidación de la paz. Si dejamos escapar estas oprtunidades no será la paz la que este en riesgo sino la nación misma.

POR :TATIANA PAOLA LOPEZ ALTAMAR

ACERCA DE LA PARAPOLITICA

ACERCA DE LA PARAPOLÍTICA

Lo asombroso ya no son las noticias acerca de la infiltración del narcotráfico en la clase política que gobierna a Colombia. Lo verdaderamente asombroso es que el país todavía se asombre cada vez que se entera de un nuevo escándalo de corrupción generalizada. Y es que desde hace más de dos décadas Colombia se resiste a aceptar una realidad contundente: la presencia masiva de un negocio ilegal que solo puede explicarse por una corrupción política igual de masiva, y por la participación y la aceptación de amplios sectores sociales.

Tras la sensación de asombro de la opinión nacional se esconde la incapacidad de la sociedad colombiana para reconocer esa realidad y llevar a cabo las reformas necesarias para transformarla. Por eso, escándalos como el 8000 y el actual revuelo de la ‘para – política’ a pesar de revelar verdades de una crudeza extrema, no producen cambios significativos que conduzcan al desmantelamiento de estructuras mafiosas de poder y del orden social que se deriva de su dominio. En vez de ello, los escándalos son utilizados en sí mismos para reconfigurar la correlación de fuerzas entre facciones de narcotraficantes, políticos y ejércitos privados que asumen las hegemonías del poder regional. Así sucedió con el proceso 8.000, el cual propició la disolución del Cartel de Cali y su ascendencia nacional sobre el negocio del narcotráfico, y facilitó la irrupción de los grupos de autodefensa. Y, lo mismo parece suceder el día de hoy: no se procede a una reforma estructural de las condiciones económicas y sociales que explican la proliferación de ejércitos privados y del narcotráfico, sino más bien a una recomposición de las fuerzas políticas entre el gobierno y la oposición mientras nuevas estructuras armadas se disputan el vacío de poder en las regiones.

LA SAGA DEL PROCESO 8.000

Hasta antes de la captura del Cartel de Cali, las agrupaciones de delincuentes dedicadas al narcotráfico poseían una estructura organizada jerárquicamente alrededor de grandes capos urbanos. Era sólo en las ciudades donde se podían camuflar y lavar sistemáticamente los ingresos del negocio. La persecución de las autoridades obligó a transformaciones estructurales que contribuyeran a hacer menos visibles a los empresarios de las drogas. Debido a las bajas de capos importantes, el desmantelamiento de carteles y a que el proceso 8.000 había roto las alianzas con los políticos que protegían a los narcotraficantes urbanos, las empresas de traficantes de drogas cambiaron su organización de grandes carteles a redes atomizadas encargadas de las diferentes fases Cooperativas del negocio. La fragmentación facilitó la evasión ante las autoridades pero hizo que los narcotraficantes se tornaran más vulnerables a la violencia ejercida por grupos paramilitares y guerrillas que se fortalecían en las áreas semiurbanas y rurales. En adelante estarían subordinados a algún ejército privado que ejerciera el control territorial, lo que significaba un pago a manera de tributo a quien quiera que dominara la región por cada gramo de droga producida y transportada. Los paramilitares y la guerrilla aprovecharían así el proceso 8.000 para hacerse al control del narcotráfico en Colombia, básicamente se convirtieron en el aparato regulador del mercado en sus zonas de dominio. Eran quienes protegían a los empresarios de la represión estatal, garantizaban los contratos acordados entre las partes y los derechos sobre las propiedades. En contraprestación, y por contar con un aparato armado más poderoso, se quedarían con las mayores ganancias de la industria de las drogas sicoactivas en el país.

Los intereses políticos de los narcotraficantes cambiaron a la par de los cambios organizacionales. El proceso 8.000 desbarató su influencia política en las instituciones nacionales. No obstante, las alianzas con la clase política continuarían como condición indispensable para la prosperidad del negocio, solo que ahora serían los ejércitos regionales los encargados de manejar la política local y su representación nacional. Fue así que los narcotraficantes pasaron de influir en las elecciones nacionales como mecanismo de protección frente al Estado a cobijarse en las redes de poder político local controladas por guerrillas o autodefensas. El costo de la protección política no estaría dado solamente por un porcentaje de las ganancias del tráfico de drogas, sino que su poder político se vería subordinado a los comandantes o dueños de los ejércitos. Ellos surgirían como el nuevo poder dominante tras la financiación de la clase política por el narcotráfico. De alguna manera, hasta cuando el Cartel de Cali mantuvo su vigencia como organización criminal, los narcotraficantes mediaron como terceros en la lucha a muerte que existía entre guerrilla y paramilitares.

Y eran un problema de menor magnitud en comparación con la actual estructura de grupos armados que utilizan los recursos del narcotráfico para financiar aparatos de guerra que se imponen como pequeños Estados regionales. Negociar o acabar con las antiguas estructuras narcotraficantes de carteles ubicadas en las ciudades era menos complicado que negociar o acabar con los grupos paramilitares que ahora controlan muchas de las áreas rurales del país. Al desmantelar el Cartel de Cali por la presión del proceso 8.000, se propició que el manejo del narcotráfico pasara de los empresarios urbanos a los grupos paramilitares y las guerrillas. Como resultado, el narcotráfico en la política se tornó en un problema más difícil de tratar por parte de las autoridades y con repercusiones nefastas en el proceso de construcción de una verdadera democracia.

LA COSECHA DEL NUEVO ESCÁNDALO

El escándalo sobre la ‘para – política’ recoge precisamente toda esa cosecha posterior al proceso 8.000: la aparición de una clase emergente en armas que se apoderó de los Estados regionales en Colombia. Al igual que a mediados de los noventa, un sector de la rama judicial y la prensa se encargaron de hacerle ver al país que una parte mayoritaria de quienes ocupaban las instituciones del Estado estaban comprometidos con las bases de un poder mafioso. Pero esta vez las condiciones y las implicaciones del escándalo guardan detalles que lo diferencian radicalmente del 8.000.

Primero, mientras que el Presidente Samper necesitaba del apoyo de los narcos para ganar unas elecciones donde su imagen y sus recursos apenas alcanzaban para mantener el empate técnico en las encuestas, el presidente Uribe apabullaba a sus contrincantes sin mayor esfuerzo en cualquier pulso de opinión. Segundo, mientras para Samper la alianza con la clase política se trataba de un asunto de supervivencia en el poder, para Uribe la alianza con la clase política responde en esencia a la necesidad de contar con una fuente propia de gobernabilidad. Samper necesitaba a la clase política para que lo protegiera, Uribe necesita proteger a la clase política para poder gobernar. Es decir, a la necesidad de no tener que recurrir a la oposición, o a figuras que tienen un pie en la disidencia como Vargas Lleras, para negociar su capacidad de gobierno como cabeza del poder ejecutivo. Y tercero, mientras que los narcotraficantes que infiltraron la campaña de Samper no tenían un interés directo en ejercer funciones de gobierno, aquellos que infiltraron a la coalición partidista de Uribe más que interés de gobernar se habían convertido en los propietarios de facto de numerosos Estados regionales. De allí que la negociación de Uribe con la clase paramilitar no ocurrió solamente en el proceso de paz de Ralito, sino también de modo indirecto en espacios institucionales con una clase política que de una manera u otra está vinculada con sectores del narcotráfico y del paramilitarismo. Sería en espacios del Estado donde la clase política era elegida o tenía injerencia en los nombramientos, como los cargos públicos, las Cortes, las Fuerzas de Seguridad, entre otras agencias institucionales, donde se definirían los límites del poder entre las partes. Se decidiría hasta qué punto los paramilitares podían imponer su ejercicio de gobierno en las regiones, la inmunidad de sus empresas criminales y su ascendencia social, y hasta que punto el Estado reclamaba el cumplimiento de sus leyes e instituciones.

El presidente Uribe se había convertido así en el gran mediador entre un poder central que representa los sectores del país más desarrollados y facciones regionales donde el poder necesariamente pasa por el clientelismo, la corrupción, las armas y las drogas. Por eso, a diferencia de Samper, el vínculo de Uribe con el escándalo de la para política no conlleva una acusación directa de recepción de recursos ilícitos o de una conspiración cerrada con grupos mafiosos. Hace parte, más bien, del reconocimiento al poder obtenido por un grupo emergente ligado a prácticas criminales y de su necesidad de mediación y negociación con el resto de estamentos de poder del país.

El actual escándalo constituye entonces una coyuntura de confrontación para redefinir la correlación de fuerzas entre los diferentes sectores del centro y de las regiones colombianas, y también para la redefinición del papel de la mediación entre estos poderes. Y eso es precisamente lo que el Presidente busca mantener, no su supervivencia en el cargo, eso está más que garantizado, sino su ascendencia sobre la mediación entre el centro y las regiones y sobre la dinámica de transformaciones que configuran los límites del poder entre cada una de las facciones involucradas.

LAS REFORMAS QUE EL PAÍS NO QUIERE HACER

Cuando en entrevista a Caracol el Presidente argumentó que no le importaba el origen de los votos del legislativo con tal de sacar adelante las leyes y normas de su interés, no pudo ser más claro en ratificar que el problema judicial de los miembros de su coalición no tenía por que interferir con su agenda de gobierno, lo que en últimas significa la base de su poder y de los intereses que encarna. Pero no deja de ser curioso que la insistencia del gobierno y de amplios sectores de opinión se centre en reformas coyunturales, en medio de circunstancias que ameritarían una movilización masiva de la sociedad ante la magnitud de la crisis que experimenta Colombia. Crisis que se expresa en la irrupción de ejércitos privados, financiados por el narcotráfico, que asumen las funciones del Estado e imponen un orden social propio.

¿A qué tipo de reformas o transformaciones de la sociedad nos referimos entonces como estructurales para resolver la crisis del Estado colombiano? En primer lugar, reconocer que se trata no de una guerra por alcanzar la supremacía militar -eso no es suficiente- sino de una guerra por imponerse a sí mismo en la totalidad de las regiones del país. Esto es, ser la única fuerza que posee un aparato coercitivo que protege a la población, que cobra impuestos y que regula a la administración pública y a la sociedad de acuerdo con las normas constitucionales. Es decir, que el Estado se imponga como único sistema político en el territorio.

De hecho, fue bajo estos propósitos de recuperar el Estado de derecho que se elaboraron los principios de la política de seguridad democrática. Y si bien, es cierto que los resultados en términos de estadísticas militares son remarcables, las dudas afloran cuando se trata de los logros en el cumplimiento de los principios y normas del Estado de derecho en muchas comunidades del país. Allí, pese a que el Ejército y la Policía Nacional son capaces de imponer una correlación de fuerzas superior, el resto de agencias estatales se muestran poco menos que ‘inadecuadas’ o ‘incoherentes’ para lograr que las comunidades convivan en un entrono medianamente democrático. Ni los tribunales de justicia, ni el sistema productivo, ni el régimen electoral, ni las oficinas encargadas de la provisión de servicios básicos, han experimentado una transformación lo suficientemente efectiva para lograr la imposición de un modo de vida verdaderamente democrático. En muchas regiones donde se alcanzó una supremacía militar no se logró una supremacía política, económica y social del Estado de derecho, y en consecuencia se preservaría un modo de organización de la sociedad desde el control de ejércitos privados y desde los ingresos del narcotráfico y la corrupción pública. La para-política es simplemente la expresión de una década de ese tipo de orden social en las regiones colombianas.

En segundo lugar, no resulta sencillo el diseño y la aplicación efectiva de reformas en estos temas, cuando se sabe que son la expresión crónica de los limitantes históricos del Estado y la sociedad colombiana para finalizar su proceso de modernización, pero al menos el país, y en especial su clase gobernante, debería comprometerse con una serie de transformaciones en temas económicos, políticos y sociales, sin las cuales las condiciones de las sociedades locales seguirán siendo proclives al dominio de grupos armados

irregulares del corte de paramilitares y guerrillas. Resulta indispensable para evitar que se repitan escándalos como los de la para-política y del 8000 resolver temas como por ejemplo:

1. La efectividad de los servicios de vigilancia y de justicia: las fallas de las Fuerzas de Seguridad del Estado comienzan justo cuando se requiere la acción de los jueces y la policía, después del logro de la superioridad militar. Y esto se explica porque no es coherente la organización actual de los servicios de vigilancia y de justicia del Estado con las necesidades de la población. El orden social de muchas regiones no se adecua ni a los procedimientos, ni las normas de policías y jueces, porque no son fácilmente aplicables a la realidad local. En contraste, la supremacía de los ejércitos privados en las regiones se explica en gran parte porque se han transformado en los jueces de las disputas y de los litigios que suceden entre sus habitantes. Bien fuera por la fuerza o por la persuasión, o por una mezcla de ambas, pudieron hacer cumplir los acuerdos y los derechos de propiedad que se establecían entre los miembros de la comunidad local. Sin complicadas elaboraciones jurídicas, ni exhibiciones de justicia salomónica, las autodefensas ganaron inmensos espacios de legitimidad apenas con resolver conflictos entre linderos de predios, cobrar viejas deudas, hacer cumplir los acuerdos en la venta de una vaca vieja e incluso en solucionar problemas maritales.

Poca atención le han prestado los últimos gobiernos en su estrategia de guerra a crear mecanismos de aplicación de justicia en sus niveles más simples, que ofrecen enormes posibilidades de ganar la lealtad de la población. La recuperación del Estado de derecho exige la construcción de algún tipo de organización capaz de proveer efectivamente estos servicios de vigilancia y justicia en las comunidades locales.

2. La modernización económica: sin una demanda laboral y unos mercados internos mínimos no es posible romper las bases de la estructura clientelista que sostiene el paramilitarismo, la guerrilla y demás formas premodernas de mediación política. Se necesita pues la modernización económica de las regiones de modo que se conformen verdaderos mercados internos. Autodefensas y guerrillas no necesitan de ideologías muy sofisticadas para ganarse la lealtad de la población, les basta con garantizar unos ingresos básicos así provengan de actividades ilícitas. El desafío para el Estado consiste no sólo en recuperar el monopolio de la fuerza en un territorio, sino también en construir un orden socioeconómico que garantice la viabilidad de la producción de bienes transables desde regiones con falencias estructurales de competitividad.

Y esta claro que el sector llamado a jalonar el proceso de construcción de mercados internos y la modernización económica es la industria. Por las mismas restricciones de la capacidad de consumo al interior de las regiones, el sector manufacturero es el que mayores posibilidades ofrece para propiciar el proceso de acumulación de capital, generación de ingresos y de modernización de las relaciones laborales. Otros sectores como la agricultura comercial actualmente presentan demasiadas restricciones por los subsidios en el primer mundo. Y el comercio y los servicios pese a su alto potencial como jalonadotes del empleo son dependientes del mercado interno.

3. La reforma demográfica: más que una reforma agraria se necesita una reforma demográfica, que trate el tema de la tierra mas allá de lo económico y se centre en los temas de aglomerar la población en espacios geográficos de modo que los servicios del estado sean más viables y se concentren los mercados. Además es menos costoso brindar seguridad en dichos escenarios.

Al día de hoy es inaplazable el diseño de una gran reforma agraria pensada más que como un mecanismo de redistribución de tierras, como un plan de reordenamiento demográfico del país. Las guerrillas han encontrado en los colonos cocaleros de las sabanas y selvas en los extramuros de la frontera agrícola, una base social desde la cual mantener su guerra contra el Estado. Las autodefensas, por su parte, hicieron de la concentración de tierras una de sus principales estrategias de guerra. Su sentido de apropiación desmedida de predios guardaba una racionalidad política antes que económica. La rentabilidad de los grandes latifundios era pobre cuando se comparaba con otros negocios como el narcotráfico y la extorsión. Pero la rentabilidad del control de tierras era invaluable desde el punto de vista del poder político y de la inmunidad ante la justicia nacional e internacional. Una reforma agraria orientada a reubicar los campesinos ubicados en los bordes de la frontera agrícola en las propiedades de las autodefensas desmovilizadas en el marco del proceso de paz, además de quitarle la base social a la guerrilla, disminuiría el poder político que grupos paramilitares emergentes adquirirían por el solo hecho de convertirse en los grandes propietarios de la tierra en las regiones.

4. La construcción de una clase burocrática eficiente: mucho se habló en el diseño de la descentralización acerca de la importancia de la participación local en la administración pública, pero poco se aludió a uno de los rasgos esenciales del Estado moderno: la existencia de una clase burocrática que de manera impersonal y eficiente esté en condiciones de cumplir rutinas y prestar servicios básicos para el bienestar de la sociedad. Con la descentralización del Estado colombiano la participación política se amplió pero lejos estuvo de suceder la aparición de una burocracia despersonalizada, competente y menos vulnerable a la corrupción. Muchos de los recursos comprometidos en el proceso se perdieron tanto por la incompetencia de los administradores locales como por la sistemática depredación del presupuesto público llevada a cabo por una clase política con escaso compromiso ético.

Sin afirmar que se necesite retroceder en el sistema descentralizado de administración del Estado y sin querer decir que haya que reducir el gasto en educación, salud, energía y demás servicios básicos -al contrario, hay que incrementarlo-, es indispensable por un lado una mayor capacidad regulatoria del Estado central sobre el gasto social de las regiones, y por otro lado, la construcción de una clase burocrática que gestione eficientemente la provisión de servicios esenciales del Estado. No se puede dejar que los dineros de las transferencias, regalías y demás partidas del gobierno vayan a parar a las finanzas de los grupos armados o de funcionarios corruptos, pero al mismo tiempo la única alternativa para que estos recursos no se despilfarren es formando a una burocracia capaz de hacer buen uso de las finanzas públicas.

De ningún modo se agotan las reformas con los cuatro temas anteriores, estos son solo un abrebocas del desafío que se presenta ante el Estado y la sociedad colombiana para transformar las bases de su situación actual. Existen otra serie de reformas sin las cuales las condiciones de la sociedad continuarán siendo proclives a la influencia de ejércitos privados y narcotráfico.

Y en tercer lugar, el alcance de las transformaciones de la sociedad no debe circunscribirse exclusivamente en el ámbito de lo sociológico, sino que lo psicológico o ‘la visión del mundo’ de amplios sectores de la población también debe ser sujeto de las reformas. La principal restricción sobre las posibilidades de cambiar la economía, la política y los demás elementos del orden social, pasa por una serie de rasgos premodernos en la actitud, comportamientos y creencias de muchos habitantes del país. En el seno de diversas comunidades, grupos sociales y regiones geográficas, la percepción de los individuos acerca de las relaciones con el Estado, del ordenamiento social y de las leyes, está basada en formas premodernas de asociación donde las lealtades clientelistas y de parentesco priman sobre los deberes y los derechos enmarcados en la noción del Estado moderno.

En esos escenarios resulta muy complicado y costoso llevar a cabo cualquier tipo de reforma dirigido a cambiar los aspectos sociológicos. Y menos fácil que transformar la naturaleza económica y política de una sociedad, es propiciar cambios en su naturaleza psicológica. Sin embargo, este es un aspecto ineludible para evitar en un largo plazo la repetición de escándalos como la para-política y el 8000.

EL FUTURO INMEDIATO

Luego de la desmovilización de los ejércitos paramilitares se han formado nuevos ejércitos privados que reúnen al menos 4.000 hombres en armas, las Farc en el último año han causado varios centenares de bajas en las fuerzas de seguridad estatales —el Plan Patriota definitivamente no pudo con esta guerrilla—, el narcotráfico sigue igual de rampante y día tras día un reciente escándalo revela la degradación de la clase política, al punto que la opinión no se hace la pregunta “¿dónde hay corrupción?” sino “¿dónde no la hay?” La última propuesta va encaminada en revocar el Congreso y llamar a nuevas elecciones. Nada más inútil cuando las condiciones que dieron origen a la infiltración de la clase política por grupos paramilitares están más vigentes que nunca debido, uno, al afán de los grupos emergentes por conquistar nuevos espacios políticos en su proceso de expansión, y, dos, a que no se han atacado a profundidad los mecanismos clientelistas de elección de candidatos a la rama legislativa. Más que adelantar elecciones lo que el país debería cuestionarse es qué hacer para evitar que las elecciones sean vulnerables a dichos mecanismos de presión a la libertad democrática.

En cualquier otra nación del mundo la situación hubiera llevado a una encrucijada radical para transformar el Estado y la sociedad misma. Pero aquí no, el debate sobre reformas se centra en temas tributarios, en el TLC, en las transferencias y en la salud, que no son más que temas de regateo entre el poder central y las regiones. Y eso es de fondo una señal que la sociedad misma no quiere asumir el costo de llevar a cabo la serie de reformas radicales que encaminen al país hacia un proceso de modernización con menos traumatismos.

POR : BRANDO ALEXANDER NUÑEZ VILLAMIZAR

¿QUE ES D.R.F.E?

Proyecciones D.R.F.E.

es el nombre de una empresa colombiana fundada por Carlos Alfredo Suárez y que operaba bajo un esquema piramidal. Hace parte de la Crisis de las Piramides (Colombia). En un principio se presentaba como una empresa de inversiones, D.R.F.E. (Directo Rápido, Fácil y Efectivo) no estaba sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y, por lo tanto, no estaba autorizada para captar recursos del público.^[1]

Tamaño

Según Carlos Alfredo Suárez, DRFE contaba con seis millones de afiliados, y entre sus clientes estaban altos oficiales de la polícia y el ejercito colombianos, así como políticos (entre ellos un Representante a la Cámara por Nariño que admitio a los medios que su familia -incluida su esposa- perdio unos 50 millones de pesos -25.000 dolares- en DRFE) y miembros de la farándula. Rep. a la Cámara por Nariño, Javier Tato Álvarez (nariñenses y DRFE)" Según la Superintendencia DRFE sólo por las sucursales de las ciudades de San Juan de Pasto, Cali, Popayán y Santander de Quilichao, captó, entre abril y septiembre del 2008, más de 400 mil millones de pesos (unos 181 millones de dólares) a través de 94 mil operaciones de recaudo aproximadamente.

Sedes

La empresa tenía su sede principal en San Juan de Pasto (Nariño) y contaba con otros establecimientos de comercio abiertos en varias localidades, para un total de 68 sedes en Colombia (El Tiempo "Hallan yate de David Murcia Guzmán en Cartagena), que incluyen:^[1]

Nariño

Túquerres, Samaniego, Taminango, Consaca, Guaitarilla, La Unión, Leyva, Policarpo, Buesaco, Sandoná, Tangua, Chachagüí, Ipiales, Pupiales, El Tambo, La Florida, Nariño, Yacuanquer y Gualtamán;

Putumayo (departamento)

Sibundoy, Mocoa, Puerto Asís, La Hormiga, Puerto Leguízamo, Villa Garzón y Orito;

Valle del Cauca

Cali, Palmira, Bugalagrande, Candelaria, Caicedonia;

Cauca

Popayán, El Bordo, [[Santander de Quilichao], Balboa;

Huila

Neiva, Pitalito, Garzón;

Quindío

Armenia, Calarcá;

Risaralda

Pereira, Dosquebradas;

Tolima

Ibagué;

Caldas

La Dorada;

Cundinamarca

Fusagasugá y

Norte de Santander

Cúcuta.

Escándalo de las pirámides

El dueño de la empresa, Carlos Alfredo Suárez, causó un caos económico en el sur de Colombia provocado al hacerce insostenible su esquema piramidal conocido como esquema Ponzi.Un dia despues de los disturbios que se presentaron en algunas ciudades de Colombia La gente salio a las calles protestando, los unos a favor de esta empresa y apoyando a su Gerente Carlos Alfredo Suárez, y los otros denigrando de él y su Pirámide (economía) exigiendo el reintegro de sus dineros aun violentamente mediante la quema de sucursales y tratando de linchar algunos de los funcionarios de la Pirámide (economía).

"El caos económico se apoderó de Nariño tras la desaparición de varias empresas captadoras de dinero que de un momento a otro se esfumaron dejando incertidumbre entre sus ahorradores.

Al hacerse insostenible la empresa, sus directivos aumentaron el interés a un extraordinario ciento cincuenta por ciento con el fin de extender la duración de la Pirámide (economía); se suspendieron los pagos desde el primero de noviembre de 2008 hasta el 11 de niviembre del mismo año y solo se recibían aportes, lo que llevó a la crisis de confianza. Antes de reanudarse los pagos; Carlos Alfredo Suárez se retractó del ofrecimiento de ciento cincuenta por ciento, reduciéndolo a la mitad e intentó obligar a los inversionistas a reinvertir el interés ganado; esto, sumado a la oleada de estafas que ocurrían por esos días, precipitó a las gente a retirar sus ahorros, quedando al descubierto el engaño, similar a la crisis de Albania causada por las Pirámide (economía).

Carlos Alfredo Suárez, también conocido como El Cachetón (Fuente: El Diario del Sur, "La verdad sobre la mentira del Drfe"; autor/fecha:X)^{[cita requerida]}, es un ex-vendedor ambulante colombiano, comerciante y actual prófugo de la justicia colombiana. Es/Fue gerente general y propietario de la "pirámide" Proyecciones D.R.F.E. ("Directo Rápido, Fácil y Efectivo"). Suárez es identificado con la Cédula de Ciudadanía Colombiana # 13.069.704.^[1]

La pirámide Proyecciones D.R.F.E. logró funcionar por cerca de un año, extendiéndose con sucursales desde el Departamento de Nariño, por todo el sur de Colombia. En la segunda semana de noviembre 2008, Suárez desapareció con el dinero, dejando/causando un "caos económico".^[2]

Aunque tuvo su domicilio permanente en la ciudad de San Juan de Pasto, en el momento se presume que Suárez se encuentra fuera de Colombia, huyendo de las autoridades que quieren su captura para que regrese al país a pagarle a las personas que logró estafar a través de su "pirámide".^[3]

"“El Gobierno Nacional tendrá que responder por la plata que las captadoras de dinero se llevaron de sus clientes”, así lo dio a conocer el gobernador de Nariño Antonio Navarro Wolff, quien mostró su preocupación por la crisis económica que esto puede generar al departamento en caso de una quiebra."^[4]

Biografía

Nacido en el Departamento de Nariño, su niñez la vivió en San Juan de Pasto, en su temprana juventud se desempeñó en oficios varios, prestó el servicio militar obligatorio, de regreso a San Juan de Pasto trabajó como celador en un parqueadero, posteriormente fue vendedor ambulante de obleas, y trabajo en una oficina de correos

A los 25 años se casó, estuvo haciendo varios viajes al Departamento de Putumayo y de un momento a otro llegó de ese Departamento Colombiano con fortuna, y emprendió el montaje de una empresa que él denominaba de encomiendas a la cual denominó DRFE

NOTICIAS SOBRE D.F.R.E.

Nombran interventor para pirámide D.R.F.E. y fijan procedimiento para devolver dineros(*)

Tomado de Radio Santafe

Noviembre 19, 2008

–La Superintendencia de Sociedades designó a Germán Gómez Jurado Delgado como agente interventor para la toma de posesión del establecimiento de comercio Proyecciones D.R.F.E, propiedad del comerciante Carlos Alfredo Suárez.

Gómez Jurado es administrador de empresas, y ha ejercido como liquidador de Seguros Atlas, de Crecercoop, asesor de Financauca, Solidarios y Avancemos, entre otros cargos.
Procedimiento para devolución

Como lo dispone el Decreto 4334 de 2008, el agente interventor informará, en un diario de amplia circulación nacional, a más tardar el próximo viernes 21 de noviembre, los sitios y fechas para el procedimiento de devolución de los dineros recuperados y aprehendidos.

Así mismo, la Superintendencia de Sociedades fijará en su página web copia de la providencia.

Allí se convocará a quienes se crean con derecho a reclamar las sumas de dinero entregadas a la intervenida, para que presenten sus solicitudes dentro de los diez días siguientes a la publicación del aviso.

La solicitud deberá hacerse por escrito con presentación personal ante el interventor, acompañado del original del comprobante de entrega de dinero a la persona intervenida.
El agente interventor, dentro de los 20 días siguientes al vencimiento del término anterior, informará qué solicitudes fueron aceptadas y cuáles rechazadas.

Contra esta decisión procederá el recurso de reposición, a presentarse dentro de los tres días siguientes a la expedición de esta providencia. Las devoluciones aceptadas tendrán como base hasta el capital entregado.

Los recursos de reposición serán resueltos dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del plazo de presentación, luego de lo cual se atenderán las devoluciones aceptadas dentro de los dos días siguientes a la fecha de la decisión.

PROCESO DE DMG

–Solo 9 dias tendrán los “ahorradores” de la empresa DMG para presentar sus peticiones de devolución de los dineros que invirtieron. La cuenta regresiva comienza este jueves.

Las solicitudes deben hacerse por escrito ante la agente Interventora de la sociedad DMG Grupo Holding S.A., anexando el original del comprobante de entrega del dinero a esta sociedad intervenida.

En Bogotá se recibirán las solicitudes en las taquillas del estadio El Campín a partir de las 9 de la mañana de este jueves 20 de noviembre.

Los residentes en las otras ciudades capitales deben enviar sus solicitudes por correo a través de Servientrega, y en los demás municipios a través de las oficinas del Banco Agrario, con el fin de centralizar y agilizar los envíos, a la Carrera 10 Número 24 – 49 Piso 5 Bogotá D.C.

Las solicitudes se deben presentar entre el 20 y el 29 de noviembre, indicando:

El nombre, número de cédula de ciudadanía (o Nit o Rut tratándose de personas jurídicas),
dirección, indicación del original del comprobante de entrega de dinero a la sociedad intervenida, anexando este comprobante original y la fotocopia de la cédula de ciudadanía del solicitante. La solicitud deberá llevar la firma autógrafa del solicitante, con su huella dactilar del índice derecho.

La anterior solicitud deberá presentarse personalmente por el reclamante ante la Agente Interventora en Bogotá, o en su defecto, remitida, con el lleno de los requisitos enunciados

A partir del 30 de noviembre y hasta el 19 de diciembre próximos, la Agente Interventora evaluará las solicitudes y determinará cuáles se aceptan y cuáles se rechazan.

Los titulares de las solicitudes rechazadas contarán con tres (3) días para oponerse presentando un recurso de reposición, el cual le será resuelto dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo de presentación del recurso.

Las solicitudes de devolución de dineros se pagarán al final de este procedimiento.

La Policía Nacional informó que hasta ahora se ha logrado la incautación de 15 mil millones de pesos y la ocupación de 65 agencias de la firma DRFE que intervino el gobierno en las últimas horas.

El director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Orlando Páez Barón, explicó que estos operativos se adelantaron en 12 departamentos del país y las acciones continúan para detectar más empresas de esta firma en las regiones.

Pidió comprensión a los ciudadanos y entender que estas decisiones buscan que se sigan perdiendo los dineros de los ahorradores.
El general Páez Barón señaló que se ha instruido a los comandos de la policía en todo el país para que mantengan el alistamiento en primer grado y se adopten las medidas que sean necesarias en las regiones.

La Superfinanciera ordenó el cierre definitivo de la firma DRFE

La superintendencia financiera ordenó a Proyecciones DRFE la suspensión inmediata y definitiva de la actividad de captación masiva y habitual de dineros del público.

Asimismo la entidad ordenó a Carlos Alfredo Suárez, propietario de la firma, devolver la totalidad de los dineros captados al público.

La decisión adoptada por el organismo, a través de la Resolución Número 1778 del 11 de noviembre de 2008, también ordena la liquidación rápida y progresiva de las operaciones realizadas ilegalmente por parte de Suárez, a través de sus establecimientos en todo el país.

Dicho proceso de liquidación será llevado a cabo por un Juez Civil en conjunto con la Policía Nacional, quienes tendrán la responsabilidad de guardar todos los bienes que integran o forman parte de los establecimientos de comercio de DRFE, así como los libros y papeles que especifican los movimientos financieros de su propietario

De otra parte todas las evidencias deberán tener sellos y demás distintivos de seguridad, para la debida ejecución de las medidas cautelares.

Igualmente las autoridades deben realizar el inventario de los bienes, haberes y negocios del señor Carlos Alfredo Suárez.

De otra parte, la Superintendencia Financiera dio a conocer que Carlos Alfredo Suárez, sólo por medio de los establecimientos de comercio denominados ‘Proyecciones DRFE, de las ciudades de Pasto, Cali, Popayán y Santander de Quilichao, captó, entre abril y septiembre del presente año, más de 400 mil millones de pesos a través de 94 mil operaciones de recaudo aproximadamente.

Ocupan DRFE en Medellín

La Policía Metropolitana de Medellín asumió el control de la pirámide Proyecciones DRFE en esta ciudad, y en compañía de los representantes de esa entidad, organizó las primeras devoluciones de los dineros captados.

Según oficiales de la Policía en la sede de la pirámide, hasta anoche habían entregado unos doce mil millones de pesos, y en cuanto se acabó el efectivo firmaron un compromiso para entregar el resto en la próxima semana.

A esta hora, en la sede de el barrio Belén, la secretaría de gobierno y la Policía proceden a levantar un inventario y sellar el local.

Pese a la gran cantidad de personas que invirtieron sus dineros en esa pirámide, no se han observado alteraciones del orden ni violencia contra las instalaciones de la oficina.

En el municipio de Envigado, el gobierno local asumió el control de una oficina de la misma pirámide DRFE, para evitar alteraciones del orden público y vigilar la devolución del dinero de los inversionistas.

Habla el abogado de DRFE

Omar de Jesús Duque, el abogado de la gerente de la pirámide DRFE, cerrada en Pereira, que fue detenido cuando intentaba huir al sur del país con 4 maletas que contenían 4 mil 130 millones de pesos, dijo que el descalabro de la firma, como las del resto del país, es una demostración de ausencia de Estado.

Antes de participar en la audiencia de imputación de cargos en un juzgado de Dos Quebradas, Risaralda el profesional dijo que aunque es un acto ilegal la captación de fondos de la ciudadanía por fuera del sistema financiero, el hecho de que se haya permitido llegar las cosas hasta este punto, habla claramente de la falta de prontitud del gobierno para intervenir.

La mujer capturada ,y su conductor, enfrentan cargos de cohecho por haber ofrecido a los policías que los privaron de la libertad, la suma de mil millones de pesos para que los dejaran escapar.

INGRESO DE LA POLICÍA A EMPRESA DRFE O “PIRÁMIDE” FUE ORDENADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA.

Jueves, 13 de Noviembre de 2008 - 04:55 PM

La secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad, Eliana Salamanca, dijo que el ingreso de la fuerza pública a la empresa DRFE, fue ordenado por la Superintendencia Financiera para intervenir la captación ilegal de dinero.

“Creo que hubo una mala información a los medios de comunicación, cuando la comunidad decía que la Policía había ingresado al sitio para apoderarse del dinero. La Sijin entró al lugar en cumplimiento de una orden de la Superintendencia Financiera que decía que había que hacer un inventario e intervenir estas empresas”, aclaró la funcionaria.

Salamanca Muñoz precisó que en Cali no hubo desmanes. “Una vez llegó la circular y la orden la Superintendencia Financiera, la Sijin hizo presencia en el lugar, ingresando al establecimiento de comercio donde comenzó a dialogar con el subgerente y los empleados que adelantaban esta actividad de manera ilegal”, subrayó.

Sostuvo que en el inventario se encontró básicamente que había más de 2.400 millones de pesos. Indicó que con la Personería Municipal, se está llevando a cabo el conteo del dinero el cual se pondrá a disposición de un juez.

“Lo que tiene que hacer la comunidad es instaurar la respectiva denuncia ante la Fiscalía para que se inicien los procesos contra estas empresas y se abrigue la posibilidad de recuperar sus dineros”, aseveró la funcionaria.

Indicó que la intervención oportuna de la Administración y de la Policía, evitó que se presentaran alteraciones del orden público, por lo que desestimamos tomar medidas extremas.

Igualmente, aseguró que en varias oportunidades el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hizo presencia en estos sitios donde funcionaban las pirámides, advirtiéndole a la comunidad, megáfono en mano, de que no había registro de legalidad de la captación del dinero y que por tanto, les recomendaba que no invirtieran sus ahorros en estas empresas, porque saldrían estafados.

Sin embargo, dijo que la comunidad hizo caso omiso a la advertencia y hoy vemos que muchos ciudadanos hicieron sus inversiones, perdiendo mucho dinero.

Finalmente, sostuvo que ve muy complicado que el Gobierno devuelva a los inversionistas su capital porque estas son empresas, que no tienen permisos de la Superintendecia Financiera para ejercer este tipo de actividad y la inversión se hizo a riesgo propio de la comunidad.

POR: KAREN VANESSA VALENCIA LOPEZ

-UN DESCUBRIMIENTO Y NO ARQUEOLOGICO SINO ECONOMICO: LAS PIRAMIDES EN COLOMBIA.

-UN DESCUBRIMIENTO Y NO ARQUEOLOGICO SINO ECONOMICO: LAS PIRAMIDES EN COLOMBIA.

Como la crisis de las pirámides o el escandalo de las pirámides son el nombre dado en COLOMBIA a una serie de acontecimientos ocurridos en 2008 dados a raíz de la quiebra e intervención estatal de varias empresas que, bajo diferentes figuras, ofrecían grandes retornos de inversión a sus clientes y que han sido acusados por las autoridades colombianas de actividades ilegales tales como esquemas piramidales, captación ilegal de dinero y lavado de dinero. La sospecha de inversiones en pirámide ha hecho que los medios de comunicación se refieran originalmente a todas estas empresas como Pirámides, aunque se sospecha que algunas de ellas esconden otro tipo de delitos tales como blanqueo de activos producto de otras actividades ilegales, principalmente del narcotráfico.

El punto álgido de la crisis se dio en noviembre cuando el presunto esquema Ponzi Proyecciones D.R.F.E. quedó ilíquido en algunas ciudades del suroriente colombiano, lo que produjo una intervención estatal que en su momento fue denunciada por dueños y clientes de DFRE como propiciadora del quiebre definitivo. En virtud de las protestas que generó esta intervención y las denuncias no probadas aun contra D.M.G Grupo Holding S.A. de ser o bien una pirámide o bien un lavadero de activos, el gobierno decretó un estado de emergencia social el 17 de noviembre. Bajo este estado de excepción, la Supertintendencia de Comercio decretó la disolución de DMG y la fiscalía ordenó la captura de su representante legal David Murcia Guzmán y otros seis de sus socios.

Efectos Economicos y Sociales

El gran esparcimiento de las piramides alrededor de Colombia ha afectado no solo a diversos pueblos sino a su vez a departamentos enteros del país. Entre los mas afectados se puede encontrar a Nariño y a Putumayo. En donde existian pueblos en donde mas del 90% de la población habia invertido en algun tipo de sistema piramidal.

Según datos del Observatorio Económico de Pasto, un documento que semestralmente elabora la Cámara de Comercio de San Juan de Pasto con ayuda de otras entidades, reveló que en el primer semestre de 2008 el Departamento de Nariño bajó su productividad en un 4.1% al igual que el consumo, especialmente en víveres, abarrotes, licores y en general la agroindustria. Lo cual se presume es debido al fenomeno de las pirámides, especialmente Proyecciones D.R.F.E. y DMG con una gran actividad en dicho Departamento. Esto se debe, según se explica a la escases de trabajadores en el campo, ya que prefirieron ganar su sustento por medio de las piramides antes que trabajar (Semana "La historia de cómo cayó DRFE, la primera ficha del dominó").

Grandes protestas y saqueos se han dado alrededor de Colombia como a su vez se ha atacado tanto a los lideres y bienes fisicos de los principales promotores de.^[4] A su vez el comercio de las ciudades se ha visto afectado ya que muchas personas que invirtieron en estos esquemas han saqueado distintas empresas en sus pueblos y ciudades.

Empresas de captación ilegal

El código penal colombiano tipifica el delito de «captación masiva y habitual de dinero» con el fin de proteger el ahorro del público frente a empresas que funcionan como entidades financieras sin las debidas autorizaciones y controles estatales. Esta captación ilegal ha sido la forma habitual de procesar, entre otros, a los esquemas piramidales, tales como los esquemas ponzi.

Muchas de las empresas sindicadas utilizan figuras jurídicas para presentarse como empresas legalmente constituidas de inversión en finca raíz, divisas, o comercialización de bienes.

Lista de pirámides colombianas

• DMG
• Proyecciones D.R.F.E.^[5]
• Inversiones Alina
• Universal de Inversiones
• Inversiones Bonilla
• Trébol Inversiones
• EuroAcciones
• Mar del Plata
• Fundacion FPC

Afectados y monto de estafas

Estafas mediante Pirámides en Colombia
Pirámide	Número de Afectados	Monto Estafa	Promesa
Proyecciones D.R.F.E.	6 millones	2 billones de pesos[6]	70% de interes mensual, pero en el mes de septiembre subieron a un 150% mensual. Minimo a invertir: 2 millones. Máximo: --
David Murcia Guzmán DMG	500 mil	No disponible. Ingresos de 72 mil millones de pesos en 2007	Pago de interés de hasta 150% en seis meses. Se ingresa comprando una tarjeta prepago de 50 mil pesos a 50 millones de pesos y suministrando teléfonos de al menos 3 referidos.
Maria Rojas - Pasto	No Disponible	70 mil millones de pesos[7]	No disponible
Futuro en Red - Wilson Obando	80 mil personas	5 mil millones[8]	Aporte de 50 mil pesos para recibir 4 millones en 8 meses
MultiInversiones de los Andes	No Disponible	5 mil millones[9]	No disponible
Red Line	No Disponible	10 mil millones	No disponible

Legislación

Desde 1982 se sanciona en Colombia la captación masiva y habitual de dinero como delito penal por parte de personas o compañías no autorizadas, esto es que toda persona o institución que preste servicios financieros debe estar autorizada por la Superintendencia Financiera o incurrirá en un delito. Esta tipificación se ha pretendido aplicar a los esquemas Ponzi e, incluso, a las pirámides abiertas.

A raíz del escándalo desatado por DFRE en noviembre de 2008, el gobierno decretó un estado de emergencia social y bajo este emitió decretos autorizando a la Superintendencia de Comercio para intervenir y cerrar empresas que se consideran sospechosas de captar dineros del público, prestar dinero a usura o lavar dinero, entre otros delitos financieros.

LOS RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCION DE PIRAMIDES EN COLOMBIA

David Eduardo Helmut Murcia Guzmán (Ubaté, Cundinamarca, 29 de julio de 1980^[1] ), también conocido como El Rey Midas, es un camarógrafo, comerciante, cuestionado y controvertido empresario colombiano; principal accionista y representante legal de DMG Grupo Holding S.A., empresa que ha sido acusada por las autoridades de encubrir negocios ilegales tales como lavado de dinero y esquemas piramidales, los cuales son sancionados en Colombia bajo la figura de «captación masiva y habitual de dinero» Murcia y sus seguidores consideran que DMG es una comercializadora de bienes y servicios basados en el sistema de mercadeo multinivel. Murcia fue detenido el 19 de noviembre de 2008 por las acusaciones imputadas, actualmente se encuentra recluido en la carcel La Picota, en la etapa preliminar de su juicio.

Además de Colombia, Murcia llegó a tener presencia mercantil en Panamá, Venezuela y Ecuador. Murcia dijo tener tambien sucursales en Brasil, Perú y México, pero no se han constatado el señor Brigadier General Oscar Naranjo Trujillo, director de la Policía Nacional de Colombia ha dicho que se han podido verificar flujos de dinero por parte de Murcia hacia Belice. Las sucursales internacionales han sido paulatinamente confiscadas y cerradas a raíz de que en Colombia las autoridades financieras intervinieran la sede principal.

Biografía

Nacido en Ubaté en 1980. Su humilde familia lo llevo a los 10 años a Cúcuta, de donde a los 14 años se traslado a Bogotá para terminar el bachillerato, sus únicos estudios formales, por lo que no ha tenido estudios en economía ni finanzas. En la Capital de Colombia obtuvo un trabajo como empacador en una fábrica de ponqués. Al año siguiente se vinculó a una agencia que hacía casting de extras para televisión,^[9] donde trabajó como camarógrafo, tiempo despues llegó a ser director de casting en producciones de cine y televisión colombianas, de las cuales Murcia destaca la película Bolívar soy yo.^[10]

Trabajo en el año 2001, cuando tenía 21 años, en Santa Marta produciendo videos turísticos.^[10] De ahí, en el año 2003, se traslada a (Huila) donde funda la Red Solidaria DMG, vendia rifas de carros y gestionaba el subsidio de atención médica a personas de bajos recursos.^[11] De Pitalito, según el mismo Murcia, debio salir por comentarios de indelicadezas de su parte.^[9]

A finales de 2003^{[10] [11]} llega a La Hormiga (Putumayo) donde arriba sin dinero, por lo que se involucra en trabajo social de la Parroquia del Perpetuo Socorro, donde le dan un programa en la emisora para que Murcia sobreviva a traves del intercambio publicitario y la venta de rifas.

Según documentos encontrados por la Fiscalía colombiana, hasta 2005 trabajó promocionando videos con un modesto sueldo de 309.000 pesos colombianos (unos 100 dolares de la época).^[12]

A principios de 2004 logró gestionar en Bogotá un crédito de 1 millón de pesos (500 dolares) en productos naturales, y al poco tiempo apareció en La Hormiga con electrodomésticos que según Murcia logro adquirir para revender con los anticipos de los mismos compradores, pero hasta la fecha ni las averiguaciones periodísticas ni de las autoridades han logrado determinar el origen de ese primer capital. En pocos meses Murcia emprende la apertura de sucursales en los pueblos circunvecinos y retoma el uso de la razón social DMG, acrónimo de su nombre.

A partir de allí, a principios de 2005, a la edad de 25 años funda en Bogotá la empresa "Grupo DMG S.A." con un capital de 100 millones de pesos (50.000 dolares), y continua estableciendo la presunta pirámide bajo la fachada de la comercialización de productos lo cual rápidamente le dio la posibilidad de contar con un importante flujo de efectivo que las autoridades atribuyen a la economía subterránea que se maneja en esa región de Colombia por la producción de pasta de coca.

Murcia a la cabeza de DMG, se muestra como un gran potentado del sur de Colombia que llego ha tener hasta un canal privado de televisión,^[9] pasando por su propia empresa transportadora de valores "Transval" la cual era manejada por su cuñado.

Según el Ministro de Defensa de Colombia, las últimas investigaciones han arrojado que Murcia llevaba una vida de derroche y ostentación con el dinero efectivo, fruto de la Pirámide (economía) DMG, por ejemplo alquilaba todos los cuartos de todo un piso de los lujosos hoteles donde se hospedaba, a tal punto que su ultima cuenta que pago en un hotel fue de 57.000 dolares. Contaba con una flotilla de al menos 12 vehiculos de las más prestigiosas y costosas marcas internacionales entre ellos Ferrari, Mercedes y Lamborgini, entre otros. Tambien tenía 3 yates y dos aviones privados.^[13]

En 2008, a los 28 años de edad, es capturado por autoridades panameñas cuando intentaba huir hacia Costa Rica, luego de producirse su orden de captura por parte de autoridades judiciales de Colombia. Y llevado a juicio en Colombia.

Intervención gubernamental de DMG

A

El 17 de noviembre de 2008 y amparado bajo un decreto de estado de emergencia, el Gobierno colombiano, en cabeza del Presidente Alvaro Uribe Vélez y secundado por las autoridades financieras, así como por la Fiscalía de Colombia y las máximas autoridades de policía del país, afirmó que DMG era una pirámide (economía) y suspendió las operaciones de DMG, ocupando sus 61 sedes en Colombia e incautado activos (El Tiempo "Hallan yate de David Murcia Guzmán en Cartagena).

David Murcia había advertido en su blog y en entrevistas que Proyecciones D.R.F.E. colapsaría y pondría en 'el ojo del huracán' a DMG. Murcia acusa al Grupo AVAL, el principal grupo financiero de Colombia, de estar detrás del escándalo de Proyecciones D.R.F.E. como un plan para que el Gobierno interviniera en DMG, sin embargo las inquietudes sobre las actividades de Murcia tienen raíces más profundas que una persecución de clase o de resistencia a un innovador modelo de negocios Asimismo a través de los mismos videos, Murcia habia amenazado al Gobierno colombiano, advirtiendo que de continuar el acedio institucional hacia DMG, 200.000 familias colombianas, que dice tener Murcia como inversoras en DMG, se lanzarían a las calles en contra de las medidas. Los abogados de Murcia se retractarían el lunes 17 de noviembre, día festivo, en horas de la tarde en rueda de prensa, y pedirían excusas por el tono amenazante de Murcia hacia la institucionalidad del país.

Captura y extradición de Murcia

Orden de captura

El 19 de noviembre de 2008, la Fiscalía General emitió orden de captura en contra de Murcia y otros siete de sus socios y directivos de DMG, incluyendo su esposa Johanna Iveth León, su madre Amparo Guzmán de Murcia, su cuñado William Suárez Suárez, y el productor de televisión Daniel Angel Rueda, por delitos que incluyen concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros del público, lavado de dinero y cohecho. Al momento de emitirse esta orden, Murcia se encontraba en Ciudad de Panamá.

La empresa transportadora «Transval», manejada por William Suárez Suárez, cuñado de Murcia, fue también disuelta por las autoridades. Suárez se encuentra hoy prófugo y según el General Oscar Naranjo, Comandante de la Policía colombiana, buscado por la Interpol; por Suárez las autoridades colombianas ofrecen una recompenza de 200.000.000 de pesos colombianos (100.000 dolares) por información que permita su captura. La DEA y la Dijín aseguran que Suárez, es el otro poder de DMG, según las autoridades era el hombre de confianza de Murcia Guzmán, y quien lo representaba en las reuniones a las que Murcia no podía asistir (El Tiempo "William Suárez, el otro poder en DMG después de David Murcia Guzmán").

Captura

A las 10:30 p.m. del miercoles 19 de noviembre del 2008, Murcia Guzmán fue detenido en Capira (distrito de Panamá) al norte de Panamá en una finca, la captura se realizó una vez que las autoridades seguieron a un escolta que los llevó hasta el sitio donde estaba David Murcia y este se entregó sin oponer resistencia a las autoridades panameñas, (esto según lo mencionado por el Coronel Naranjo en el Programa la Noche del Canal RCN).

De acuerdo a las declaraciones del Abogado Abelardo de la Espriella en una entrevista en el Programa Pregunta Yamit, afirmó que renunció a la defensa de David Murcia por tres razones: 1) Porque no se entregó cuando él se lo había dicho, 2) Cuando se presentó en rueda de prensa no le dieron la información precisa sobre un socio de David Murcia a quien presentó en la rueda de prensa y 3) por la forma como se dirigió al Presidente Uribe.

Extradición

El día 20 de noviembre fue extraditado a Colombia donde es acusado, por la Fiscalía de Colombia en apoyo del Gobierno colombiano y las autoridades financieras de Colombia, de al menos cuatro delitos penales: captación ilegal de recursos, lavado de activos, enriquecimiento ilicito y concierto para delinquir.

Hasta la fecha el Gobierno Colombiano no tiene las pruebas suficientes para condenarlo.

Renuncia del abogado defensor

Después de sendas ruedas de prensa que ofrecieron los abogados de DMG, en defensa de dicha captadora de dinero, en las que incluso presentaron dos ciudadanos extranjeros como importantes empresarios que deseaban comprar franquicias de DMG para consolidar la expanción internacional de dicho sistema de negocios, la cabeza de los abogados defensores de Murcia, el reconocido penalista Abelardo de la Espriella, quien con su gran capacidad retórica defendió ampliamente en las ruedas de prensa la licitud de las actividades del Grupo DMG como una comercializadora mediante tarjetas prepago,^[17] renunció al caso, luego de entrevistarse con el extraditado Murcia, aduciendo que los directivos de DMG no le dijeron toda la verdad en asuntos contables, a la vez que lamentó, que mientras él trataba de negociar su sometimiento a la justicia colombiana, Murcia viajara hacia el norte de Panamá una vez fue pública su orden de captura.^{[12] [18]} De la Espriella se quejo tambien que los ciudadanos extranjeros presentados por él y los demas abogados de DMG, como importantes empresarios internacionales no eran quienes decian ser, y se entero en los Medios de comunicación masiva que los directivos de DMG lo habian engañado tambien en este aspecto (http://www.caracoltv.com/noticias/justicia/articulo92439-congresistas-generales-y-gobernadores-estan-salpicados-dmg).

Socios capturados

Hasta el jueves 21 de noviembre de 2008 en la madrugada, los directivos de DMG capturados son: Su presidente Murcia Guzman, el productor de televisión (Director del canal privado de DMG) Daniel Angel Rueda y Margarita Pabón.

Juicio

El 21 de noviembre se inicio la Audiencia Pública, en la que la Fiscalía General de la Nación de Colombia presento grabaciones que probarían que DMG fue concebida para lavar activos y que Murcia intentó sobornar a congresistas en Colombia, para que legalizaran su pirámide (economía) de tarjetas prepago, mediante una reforma financiera (Agence France-Presse - 21.11.2008 03:14 "Dueño de emporio colombiano detenido en Panamá quedó bajo arresto en Bogotá").

En la audiencia se expuso una grabación en la que directivos de DMG se dan parte de victoria, porque al parecer pudieron destruir pruebas que demostraban los vinculo de su jefe Murcia con el Paramilitar Carlos Mario Jiménez alias Macaco (El Espectador "Imperio DMG se desmorona").

Murcia, y uno de sus socios fueron recluidos en el pabellon de maxima seguridad de la carcel La Picota, mientras que su socia fue recluida en la carcel El Buen Pastor (prisión), ambos centros carcelarios en Bogotá.

Murcia Guzmán, de ser hallado culpable, purgaría una condena de entre 10 y 20 años de cárcel (El Espectador "El beso de 'Judas'").

POR : JENNIFER MOLINA MESA