¿Es posible un acuerdo humanitario?

La posibilidad de un acuerdo entre las guerrillas y el gobierno que permita la libertad de algunos secuestrados ha generado polémica en el país. Partiendo del Derecho Internacional Humanitario, este artículo explora la posibilidad y conveniencia de un intercambio de ese tipo.

El Acuerdo Humanitario para el intercambio de personas privadas de la libertad por cuenta del conflicto armado que padece Colombia sí es posible. Hay antecedentes que así lo demuestran:

* El Acuerdo de Remolinos del Caguán entre el gobierno de Ernesto Samper y las FARC gracias al que se obtuvo en 1997 la liberación de 60 soldados y 10 infantes de marina.

* Los acuerdos entre el gobierno de Andrés Pastrana y el ELN mediante los cuales recuperaron su libertad los secuestrados de La María, el avión de Avianca, el kilómetro 18 y dos policías enfermos.

* La liberación -en la Navidad de 2006- de 29 policías, 10 soldados y 3 agentes del Das por parte del ELN.

* El Acuerdo de los Pozos en 2001 -entre el gobierno Pastrana y las FARC- que puso fin al cautiverio de 42 policías y soldados enfermos a cambio de 15 guerrilleros.

* La liberación -el 27 de junio de 2001- de 310 policías y soldados en La Macarena (Meta) y en Antioquia por parte de las Farc, en desarrollo de compromisos adquiridos en el Acuerdo de los Pozos.[1]

El intercambio no sólo es posible sino que también es un imperativo. Su urgencia es independiente de los avatares del conflicto y de la cercanía o no de procesos de negociación con los grupos guerrilleros, responsables del 50% de los secuestros. El carácter humanitario del intercambio hace de éste un fin en si mismo. Se trata de una forma complementaria de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos civiles de la población allí donde el conflicto armado impide la provisión cabalmente universal del bien público de la seguridad.

El Intercambio Humanitario y la Repolitización del Conflicto

La aplicación gradual del DIH y la concreción de un intercambio humanitario no sólo es un fin en sí mismo -aunque prioritariamente lo sea-. También es un instrumento para la construcción de una salida política negociada. La concreción del intercambio, así como de cualquier otra iniciativa del campo humanitario, amplía “la dimensión política de la mentalidad guerrillera y paramilitar y pueden acercar la hora de las negociaciones de paz.”

Algunos critican un eventual acuerdo con el argumento de que esto trae réditos políticos a la subversión. No se dan cuenta que mientras más restringido sea el carácter político de la guerrilla -y de los propios paramilitares- más criminal y degradada será la guerra en el país. Si la política desaparece totalmente de la guerra, las posibilidades de ponerle término con el menor daño posible también desaparecen.

Otros arguyen que liberar guerrilleros de las cárceles aviva su capacidad militar. La verdad es que el intercambio no aumentaría dicha capacidad militar en forma relevante por varias razones: i) de todos modos la tasa de reemplazo (reclutamiento) de los grupos irregulares es muy alta; ii) el número de guerrilleros liberados no sería muy grande;[7] y iii) estos podrían ser ubicados en el exterior.[8]

El intercambio sí es posible y necesario. Otra cosa es que esté a la vuelta de la esquina. No hay que llamarse a engaños ni hacerse falsas ilusiones. Falta mucho por recorrer porque las FARC son cada vez más torpes políticamente y demuestran -con sus actuaciones y declaraciones- su creciente desdén hacia las reglas de la guerra (jus in bello). También porque, a pesar de la popularidad en las encuestas, se ha visto mucho más la mano firme que el corazón grande.

¿Qué piensa el presidente de la Colombia de el acuerdo Humanitario?

Uribe rechaza acuerdo humanitario con las FARC

Bogotá, 6 dic (PL) El presidente Alvaro Uribe rechazó hoy de plano la posibilidad de un acuerdo humanitario para la liberación de retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En una inesperada arremetida contra esa vía hacia la paz, que respalda una parte considerable de la sociedad, el mandatario dijo que las FARC estarían tendiendo una nueva celada al gobierno.

Uribe hizo esas afirmaciones durante un consejo comunal en esta capital, al plantear que la guerrillera en complicidad con una dirigente política, están tramando una nueva liberación de retenidos, promoviendo un acuerdo humanitario.

El mandatario no mencionó por su nombre a la dirigente política, pero analistas coinciden que pudiera tratarse de la senadora liberal Piedad Córdoba, quien ha realizado una destacada gestión a favor del canje humanitario.

Uribe consideró esa posibilidad como un engaño y una infamia total y subrayó que su gobierno no acepta ningún tipo de intermediación de la dirigencia política.

Igualmente arremetió en muy duros términos contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Ese grupo insurgente es considerado el presunto autor de un ataque la víspera contra una patrulla de la policía en el departamento de Arauca, en el que murieron nueve uniformados.

Las duras declaraciones del presidente contrastan con la posición de un gran número de intelectuales y personalidades que llevan a cabo una especie de diálogo epistolar con las FARC.

En la más reciente de sus misivas, ese amplio grupo llamó a la guerrilla a abandonar la práctica de la retención y hacer propuestas concretas para abrir caminos hacia un acuerdo humanitario y la búsqueda de la paz.

Precisamente, esa carta, apoyada por unas 25 mil firmas, fue publicada en la página web de la senadora piedad Córdoba.

Colombia vive desde hace 50 años inmersa en un conflicto armado que enfrenta al Estado (y a su brazo paramilitar) con un movimiento insurgente que se presenta como alternativa al poder establecido. El conflicto colombiano fue abordado en la última Fiesta del PCE, celebrada en Madrid a mediados de septiembre, en un coloquio titulado “Intercambio humanitario en Colombia: ¿un camino de paz?” y en el que se debatió sobre la propuesta de intercambio de prisioneros.

El acto contó con la participación de Luz Elena Kerguelen (abogada de ANDAS, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria), Pablo Cruz (miembro del Comité Permanente de Derechos Humanos de Colombia) y Pedro Nolasco (ex presidente de Fensuagro y actualmente exiliado en Bruselas). Luz Elena Kerguelen comenzó su intervención señalando las causas de la situación de vulneración de los derechos humanos que hoy se vive en Colombia, dentro de lo que ella denominó una “estrategia deliberada de exterminio” puesta en marcha por el Gobierno para acabar con las organizaciones de oposición progresistas: “En Colombia existe una forma de propiedad de la tierra que genera unas relaciones sociales que se quieren mantener a costa del despojo que se hace de los campesinos. Esto ha ocurrido siempre y ahora se sigue dando con algunas modificaciones. Hay en el paisaje procesos de relatifundización ocasionados por el desplazamiento que se está dando. Se trata de una política de Estado para desestructurar el conjunto social y destruir focos de poder popular que existían en las diferentes comunidades de nuestro país. Igualmente, hay un factor político: el bipartidismo que en la década del 50 acordaron los partidos tradicionales para alternarse cada cuatro años en el poder. Esto excluyó del escenario político a muchas organizaciones demócratas, que fueron víctimas de las más implacable represión, y dio origen a los grupos armados que hoy se trata de combatir. El movimiento armado que hoy existe en Colombia tiene su origen en las grandes dificultades sociales, que no son resueltas”.

En relación al acuerdo humanitario, Kerguelen destacó su importancia “porque pondría fin a la dolorosa situación que están viviendo tanto los familiares de los retenidos por la guerrilla como los familiares de los presos guerrilleros y porque sería el inicio para empezar a dialogar y tratar de obtener las salidas negociadas que tanto está pidiendo el movimiento social”.

De rebeldes a delincuentes comunes

El siguiente en tomar la palabra fue Pablo Cruz, que repasó la estrategia de los diferentes gobiernos colombianos para negar la naturaleza insurgente de la guerrilla. Cruz distinguió tres fases en este sentido: “Inicialmente, el Gobierno reconoció, aunque fuese implícitamente, la naturaleza insurgente del grupo opositor alzado en armas contra el Estado, y los detenidos fueron reconocidos como delincuentes políticos y fueron condenados y procesados por el delito de rebelión. Sin embargo, el Gobierno encontró que era necesario comenzar a delincuenciar la acción insurgente del contrincante. Para eso, inventó una figura de tipo penal llamada asociación para delinquir. A partir de ahí, los insurgentes fueron calificados como delincuentes que eran rebeldes, pero que se asociaban para cometer delitos comunes. Se inició entonces un proceso por parte del Estado para hacer desaparecer por la vía jurídica la existencia de un conflicto social armado. Pero el Gobierno no se quedó simplemente en tratar de vincular a la guerrilla con la delincuencia común. El siguiente paso fue negar la existencia misma de la insurgencia, de una alternativa armada frente al poder establecido, y buscó agravar la conducta de los insurgentes adjuntando a la rebelión un conjunto de delitos comunes. Además de por ser rebelde y por estar en una asociación para delinquir, el Estado les empezó a sancionar por porte ilegal de armas o por tener un papel que oculta su identidad”.

El Gobierno pensó que, por la vía de la negación del carácter político de la guerrilla, el conflicto dejaba de existir. Nada más lejos de la realidad. Según explicó Cruz, “la guerrilla puso el escenario donde corresponde. A diferencia de lo que había hecho durante los 38 primeros años del conflicto, en los que jamás se planteó la posibilidad de mantener en su poder a los prisioneros del conflicto, empezó a retener a miembros de las fuerzas militares capturados en combate, políticos que representan y legitiman ese Estado, figuras relevantes de la vida nacional que forman parte del establecimiento y, frente a estos retenidos de naturaleza política, exige en igualdad de condiciones que se intercambien prisioneros de combate. El Gobierno inicialmente dijo que, desconociendo la existencia del conflicto, la Constitución y la ley no le permite hacer ese intercambio. Sin embargo, para nosotros, desde el punto de vista jurídico, no hay ninguna discusión, el intercambio es factible. Los convenios internacionales regulan la situación del intercambio de prisioneros no solamente para los conflictos internacionales, sino también para los conflictos de naturaleza interna y en Colombia tenemos un conflicto interno. Estimamos que un intercambio de prisioneros políticos de guerra podía ser un buen comienzo para buscar más adelante por la vía del diálogo una solución política de lo que es un conflicto político”.

Obstáculos para el intercambio humanitario

Finalmente, Pedro Nolasco cerró el coloquio con una intervención centrada en las dificultades a las que se enfrenta el intercambio humanitario. Nolasco señaló como obstáculos la negación del carácter político de la insurgencia armada por parte del Gobierno; la desconfianza que provoca en la guerrilla el exterminio de la oposición política a mediados de la década de los ochenta; el hecho de que el Gobierno ponga condiciones para negociar y además lo haga a través de los medios de comunicación; y la falta de una política gubernamental seria en la negociación con al insurgencia armada.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que la sociedad colombiana se movilice y presione a favor del intercambio humanitario para que éste se pueda llevar realmente a cabo. “Si no hay una presión muy fuerte de la sociedad colombiana -afirmó-, es muy difícil que el acuerdo humanitario se abra paso porque realmente no hay una voluntad del Estado colombiano para que eso se convierta en una práctica”. En cualquier caso, Nolasco dejó claro que el conflicto no acabará con la desmovilización de la guerrilla si no se resuelven también las causas que la hicieron surgir. “Cuando hablamos de la necesidad de salir del conflicto social, político y armado en Colombia, hay que tener en cuenta que ese conflicto tiene su origen en las desigualdades económicas, sociales, políticas. Por dolorosa que sea la guerra, no se puede creer que el conflicto se va a resolver si no hay voluntad de generar profundas reformas en el Estado colombiano”.

¿HAY QUIENES DEFIENDEN EL INTERCAMBIO HUMANITARIO?

PORSUPUESTO QUE SI HAY QUIEN DEFIENDA EL INTERCAMBIO HUMANITARIO AQUI UNOS PROPONENTES DEL MISMO:

Una Paz del tumbo al Tambo
Por la paz de la nación; defendamos el intercambio humanitario

La dirección nacional colegiada de la Red de Justicia Comunitaria hace un llamado a sus organizaciones socias, a los actores de paz de todo el país, a la comunidad internacional, a la iglesia católica y a la sociedad colombiana en general para que desde las múltiples voces (indígenas, afros, mujeres, campesinos, desplazados, familiares de secuestrados) defendamos el intercambio humanitario como comienzo de un proceso de paz que posibilite una solución política al conflicto armado que afecta al país desde ya hace varias décadas.

Ante los hechos acontecidos en las ultimas 24 horas: el atentado de ayer contra la Escuela Superior de Guerra que dejó más de 20 heridos, y las posteriores palabras de un tono guerrerista del Presidente de la Republica señor Álvaro Uribe Vélez, según las cuales la única salida a la crisis humanitaria de los secuestrados por la FARC-EP es el rescate militar, manifestamos que el intercambio humanitario y la paz no pude seguir siendo un tema que se trace por cada coyuntura, por el manejo de índices de popularidad y balance favorable de fuerzas políticas. Es precisamente porque estamos en guerra que la paz es un derecho de todos los colombianos y debe ser una responsabilidad de Estado y no de las coyunturas de los gobiernos.

Hechos como estos, los cuales repudiamos y rechazamos, no nos pueden sumergir en un espiral de declaraciones guerreristas que llevan a desechar los acercamientos ya realizados. La sociedad colombiana esta muy golpeada por la violencia en todas sus formas y manifestaciones, y es lamentable ver como el gobierno nacional genera un falso espacio de ilusión que se deja desplomar por otro acto de guerra.

Exigimos que la Presidencia de la Republica reflexione y entienda que la paz es un propósito nacional y prosiga con las gestiones para un intercambio humanitario. Es falso que el intercambio es un sofisma de la subversión tal como lo manifestó el presidente Uribe; el intercambio es una bandera de los familiares de secuestrados, de las organizaciones de victimas, de las organizaciones de la sociedad civil que luchamos por la paz, de millones y millones de colombianos y colombianas, es un clamor nacional al cual ni el gobierno ni la subversión pueden hacer oídos sordos. Clamamos para que los actores de la guerra le den un espacio a la paz.

Hacemos votos por un intercambio humanitario necesario para Colombia, para el futuro de la Nación y llamamos a defenderlo con todas nuestras energías.Hoy más que nunca debemos gritar ya basta de amenazas de intensificar la guerra, de rescates a sangre y fuego y atentados, ya basta de este desangre de la nación. Hoy necesitamos cordura, cabeza fría y enfocar todas nuestras energías para la consolidación de la paz. Si dejamos escapar estas oprtunidades no será la paz la que este en riesgo sino la nación misma.

POR :TATIANA PAOLA LOPEZ ALTAMAR